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El objetivo del mecanismo de Whakatane es el de evaluar la situación en diferentes áreas protegidas alrededor del mundo, yproponer soluciones e implementarlas en aquellos lugares donde los pueblos han sido afectados negativamente. El mecanismo además celebra y apoya las asociaciones exitosas entre los pueblos y las áreas protegidas.

En la conferencia sobre “Compartir el poder” de la UICN CPAES llevada a cabo en Whakatane, Nueva Zelandia, en enero de 2011, se llevó a cabo una reunión entre los representantes indígenas, los presidentes de tres de las comisiones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN (la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)), y las sub-comisiones (Tema sobre las comunidades indígenas y locales, la equidad y las áreas protegidas (TILCEPA) y el Tema sobre gobernanza, equidad y derechos (TGER)), además del Director del Programa del Medio Ambiente y Desarrollo, y el Asesor Sénior en Políticas Sociales de la UICN, y otros de sus empleados, así como empleados de la Conservación Internacional y del Forest Peoples Programme (FPP).

El resultado del encuentro de Whakatane fue un acuerdo para implementar una serie de medidas que permitan revisar la aplicación de las resoluciones relacionadas a los pueblos indígenas, adoptadas en el IV Congreso Mundial sobre la Naturaleza (IVCMN) celebrado en Barcelona, España, en 2008 y avanzar en su aplicación si hay alguna brecha.

Estas resoluciones, junto con el Plan de Acción de Durban y el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), son comúnmente conocidas como "el Nuevo paradigma de la conservación". Dichas resoluciones son cruciales para garantizar que las prácticas de conservación respetan los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo aquellos que están especificados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como para asegurar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en la elaboración de las políticas y en su puesta en práctica. Desafortunadamente, la implementación real de estas decisiones para el apoyo de los pueblos indígenas ha sido muy irregular, como se describe en numerosas publicaciones sobre los efectos sociales de la conservación.

La UICN decidió la implementación del Mecanismo de Whakatane, incluyendo las evaluaciones de Whakatane de las áreas protegidas a nivel local, en asociación con organizaciones de pueblos indígenas (OPI), el FPP, la CPAES, el TILCEPA y el TGER. Éstas son requeridas por la UICN conforme la Resolución 4.048 del IVCMN, para dar seguimiento al Acuerdo y al Plan de Acción de Durban, de conformidad con la resolución 4.052 que busca desarrollar un “mecanismo para tratar y para compensar los efectos de las injusticias históricas y actuales en contra de los pueblos indígenas, realizadas en nombre de la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales”, de conformidad con la incorporación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en la UICN.

Se acordó que las dos evaluaciones piloto deben identificar y tratar las áreas problemáticas, en dónde los pueblos siguen siendo afectados por las áreas protegidas, o por las áreas protegidas propuestas, y en dónde sus derechos están siendo violados, estas evaluaciones deben proponer soluciones y desarrollar procesos transparentes y responsables para implementarlas. Estas evaluaciones piloto deben especificar recomendaciones para tratar con las brechas existentes entre las prácticas observadas y el “nuevo paradigma de conservación”. Además, deberán identificar, aplaudir y apoyar aquellos proyectos exitosos al igual que las mejores prácticas.

Las dos evaluaciones piloto de Whakatane se llevaron a cabo en el Monte Elgon, Kenia, y en el Parque Nacional Ob Luang, Tailandia, en el 2011 y 2012.Los resultados de estas evaluaciones piloto se divulgarán en talleres nacionales, en los cuales se idearán las formas de implementar las recomendaciones de las evaluaciones, incluyendo aquellas relacionadas con la política nacional y con los aspectos jurídicos e institucionales.